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CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 128 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA"
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a continuación reitera las condiciones generales que debe cumplir una empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada para prestar el servicio en términos de calidad y eficiencia dentro del marco de la vigilancia, control e inspección que ejerce esta Entidad sobre dicho sector.
Lo anterior, dadas las inquietudes presentadas por algunas de las Gobernaciones y de los empresarios de vigilancia y seguridad privada referente a procesos licitatorios y/o de contratación adelantados respecto a la aplicación de la normatividad vigente en materia de vigilancia y seguridad privada. En consecuencia, la presente Circular tiene por objeto informar a las Gobernaciones acerca de la normatividad vigente y los mínimos requisitos que deben considerarse al momento de contratar servicios de vigilancia y seguridad privada.
 
 
COLUMNA DE OPINION PORTAFOLIO "¿Hacía donde va la seguridad privada?"
13 de julio de 2009
Recientemente, la Comisión Segunda de Senado aprobó en primer debate un proyecto de iniciativa gubernamental cuyo fin es modernizar la regulación de seguridad privada. Esta persigue crear condiciones para el crecimiento empresarial, el fortalecimiento de la SuperVigilancia y dignificar la labor del vigilante.

La futura ley, establece la ampliación de las licencias vigentes de funcionamiento de los servicios por un término de 15 años, lo cual incentivará la inversión de capital a largo plazo y la sana contratación de mano de obra. Para las empresas nuevas, la vigencia será de hasta cinco años.

También levanta la restricción societaria de las empresas, permitiéndoles constituirse o transformarse de acuerdo a las formas sociales de la legislación mercantil vigente; hoy sólo se pueden conformar como empresas de responsabilidad limitada, excepto las constituidas antes de 1994, fecha de expedición del estatuto vigente.

Se permite la inversión de capital extranjero en las compañías colombianas la cual no podrá exceder del 49% del capital de la respectiva sociedad y el personal operativo y los docentes en caso de las escuelas de capacitación, así como los representantes legales deberán ser de nacionalidad colombiana. La participación de mercado para evitar abuso de poder de monopolio, no podrá exceder del 10% aclarando la competencia casi perfecta de la industria de seguridad privada.
Para estimular el aumento de la demanda de los servicios de vigilancia, el proyecto establece la posibilidad de delegar en este sector actividades de seguridad especializada, o sea aquellas hoy realizadas por el Estado, tales como vigilancia en espectáculos públicos y protección a altos dignatarios. Sobre este particular, es importante incluir en los próximos debates la posibilidad de vigilancia y seguridad privada para las nuevas cárceles del país.

Sobre el fortalecimiento de la SuperVigilancia, el proyecto establece la facultad para imponer medidas coercitivas, pecuniarias y administrativas a las personas naturales o jurídicas que presten los servicios sin autorización estatal y a los usuarios que contraten indebidamente. Se definen de manera taxativa las causales de intervención para la toma de posesión de empresas vigiladas ya sea para administrar o liquidar de acuerdo a los procedimientos que serían definidos por potestad reglamentaría, así como un régimen de inhabilidades para los administradores de los servicios. Todo lo anterior encaminado a proteger la confianza pública en el sector.

Se exceptúa a los carros de supervisión de vigilancia del pico y placa en todo el país. El Alcalde de Bogotá debería dar éste paso por decreto cuanto antes, ya que la seguridad de los capitalinos se puede comprometer aún más por esta medida. Por otro lado, el proyecto dispone formalizar al “celador de barrio” que hoy no goza de ningún tipo de cobertura en seguridad social ni de mínimos laborales a través de la conformación de personas jurídicas integradas por la comunidad en los centros urbanos del país, en barrios como Niza, La Castellana en Bogotá y de personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal. Estos servicios serian autorizados y controlados por la SuperVigilancia y sin armas.

En buena hora, el Gobierno Nacional y el Congreso han liderado la reforma al estatuto de vigilancia, anhelo añejo del sector, que día a día coadyuva con la consolidación de la seguridad democrática del Presidente Uribe.
 
Informe Portafolio "LA SEGURIDAD PRIVADA NO HA SENTIDO EL EFECTO DE LA CRISIS"

Esta actividad, que está facturando más que las flores y el banano, también se alista para permitir el ingreso de capital extranjero, que en la actualidad se encuentra restringido

Junio 10-2009
Aunque suene contraditorio, el negocio de la vigilancia y seguridad privada le están sacando cada vez más provecho a la mejoría en la tranquilidad del país y a la confianza inversionista.
A pesar de la crisis económica, este sector muestra un crecimiento que envidia cualquier otra actividad productiva nacional.
Es más, los extranjeros también quieren medírsele a esta industria. Ya está en remojo una norma que amenaza con levantar polémica, porque permitiría el ingreso de jugadores internacionales lo que le daría una nueva dinámica al sector.

Un estudio realizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el cual da cuenta que este sector, del que hace parte un ejercito de 170.000 hombres, está moviendo más dinero que las flores o el banano.
En efecto, mientras que en el 2008 las flores facturaron 2,3 billones de pesos y el banano 1,5 billones, la seguridad privada ascendió a 3,8 billones de pesos en todo el país.

Aun así, el sector en conjunto aún continúa siendo pequeño en comparación con otras ramas de la actividad económica, puesto que apenas representa un 0,8 por ciento del Producto Interno Bruto.

Pero de acuerdo con el estudio, en el 2010 los ingresos mundiales de la seguridad privada se calculan en 12.000 millones de dólares, de los cuales Colombia facturó en el 2008 el equivalente a 1.800 millones de dólares, lo que quiere decir que tiene una participación nada despreciable del 15 por ciento.

Esta actividad, en el país, supera a Centroamérica, Chile, los miembros de la Comunidad Andina y es superada únicamente por Brasil y México, debido a su tamaño.

"A pesar del bajonazo de la economía, el mejoramiento de la seguridad pública y el ambiente propicio para la inversión ha hecho que la mayor confianza hacia el país, donde se han instalado nuevas compañías que requieren de estos servicios", explicó el superintendente Juan Carlos Portilla, al presentar los resultados de este estudio, el cual tuvo en cuenta la información que reportan 742 empresas a ese despacho, el 92 por ciento de las que operan a nivel nacional.

Las cifras de este negocio, que implica altos niveles de riesgo, hablan por sí mismas. Mientras que en el 2007 las utilidades del sector fueron 101.950 millones de pesos, en el 2008 llegaron a los 129.341 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 27 por ciento.

Además la generación de valor para los accionistas de las empresas ascendió a 37.000 millones de pesos el año pasado.
Sin embargo las empresas de vigilancia catalogaron los resultados como normales teniendo en cuenta que en el 2008 todavía no se sentía el efecto de la crisis, y que la mayor parte de los ingresos se destina al pago del personal.

Según Jaime Humberto Higuera, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada (Andevip) el auge de las empresas de vigilancia se debe a que ya no son vistas como un gasto sino como una inversión y a los nuevos desarrollos urbanísticos, al levantamiento de parques industriales y centros empresariales en varias regiones del país.

Pero el mismo Estado, se ha constituido en un excelente cliente de esta clase de compañías. El ejemplo más claro, según el superintendente, lo constituye Ecopetrol que destina alrededor de 100.000 millones de pesos en el servicio de vigilancia y seguridad privada, o el Ministerio del Interior y Justicia, cuya más reciente licitación para la prestación de estos servicios costó 55.000 millones de pesos.

Sin embargo esa prosperidad podría desinflarse por cuenta de la desaceleración de la economía, pues es evidente que esta clase de servicios están muy ligados al comportamiento del aparato productivo nacional.

Los nuevos inversionistas están a la expectativa de un proyecto de ley que pasó su primer debate en el Senado, que tiene como objetivo eliminar las restricciones a la inversión extranjera.

Actualmente el sector se rige por el decreto 356 de 1994 el cual prohíbe la inversión extranjera, salvo que las empresas se hayan constituido con anterioridad a la norma. Otras firmas que no son cobijadas por la norma, y que pueden tener capital extranjero hoy en día son las transportadoras de valores.

Para Jaime Higuera de Andevip, el proyecto contempla restricciones. Por ejemplo, que la participación de extranjeros en las empresas no puede ser superior al 50 por ciento.

Actividades más rentables

Debido al incremento en los costos de la seguridad, el consumidor está mi- grando hacia los sistemas tecnológicos especialmen- te en las noches y eso se nota en los indicadores de las empresas que no usan armas.

Otro segmento que ha venido creciendo es de las denominadas empresas arrendadoras, las cuales han sido autorizadas para alquilar vehículos blindados bajo la figura de arrendamientos, un nuevo servicio que se creó en Colombia para darle la posibilidad al ejecutivo o directivos de las compañías de optar temporalmente por un vehículo de esta naturaleza.

El segmento que continúa impulsando las ventas del sector es el de las empresas de vigilancia armadas, que participan con el 75 por ciento de la facturación sectorial.

Portafolio
Juan Guillermo Londoño / Subeditor Economía y Negocios, 10 de julio de 2009
 
Presentación del Superintendente en la Séptima Convención de Alta Seguridad
Presentación de la intervención del Dr. Juan Carlos Portilla Jaimes, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en la séptima convención de Alta Seguridad.
 
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