Según el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Juan Carlos Portilla, esta nueva disposición le permitirá a la Policía Nacional reducir el número de agentes que actualmente son destinados para los eventos masivos.

Además, dichas facultades establecen que los escoltas privados podrán cumplir actividades de seguridad especializada actualmente controladas por el Estado, como la protección a altos dignatarios, función que se podrá realizar a través de empresas de vigilancia que tengan licencia para prestar el servicio.

Otro aspecto novedoso de esta ley del gobierno, es la legalización de los servicios comunitarios. Es decir, que los vigilantes informales que son contratados en barrios tradicionales de los centros urbanos del país, podrán prestar un servicio legal.

“Los vigilantes de barrio ni siquiera ganan un salario mínimo, no tienen seguridad social ni derecho a vacaciones”, agregó el Superintendente Juan Carlos Portilla.

El proyecto de ley establece que este servicio sólo será permitido en los centros urbanos, aplica también para la propiedad horizontal y los vigilantes no podrán tener armas.

Esta nueva ley permitirá mejorar los niveles de seguridad en las ciudades, pues los vehículos de las empresas de vigilancia de todo el país quedarán exentos de la restricción del pico y placa y podrán colaborar efectivamente con las redes de apoyo que ayudan a combatir la delincuencia.

La ley establece que la SuperVigilancia podrá intervenir a las empresas del sector en casos excepcionales como la imposibilidad de desarrollar su objeto social o que no tengan un capital mínimo para funcionar.

Además, la entidad tendrá potestad discrecional para cancelar licencias de las empresas del sector cuando se ponga en riesgo la seguridad ciudadana o el orden público.

Asimismo, se determina un régimen de contribución y tasas para el fortalecimiento de la Superintendencia de Vigilancia.